Por: Mónica Pedraza Rodríguez 

 

Abogada de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la misma universidad. Abogada Consultora en GAV Abogados S.A.S. desde octubre de 2015. 

DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES EN UN PROCESO JUDICIAL

Las medidas cautelares fueron introducidas en el proceso judicial como una herramienta para que el demandante pudiera asegurar el cumplimiento de un eventual fallo a favor de sus pretensiones. En otras palabras, la naturaleza misma de aquellas recae en permitir la efectiva materialización de la sentencia, en caso de que se tutelen los derechos reclamados por el demandante. Las medidas cautelares, por definición, están destinada(s) a prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo(1). Obsérvese que de esta definición sobresale el concepto de “prevención”.

De lo anterior se deriva que, en principio, el decreto de una medida cautelar no debería ceñirse, limitarse o depender de que la parte demandada actúe efectivamente con la intensión de afectar o impedir la correcta ejecución de la sentencia favorable al demandado, o siquiera esperar a que dé indicios concretos de algún tipo de mala fe. No obstante, en ocasiones los despachos judiciales han decidido negar el decreto de alguna medida cautelar solicitada porque no encuentran en los documentos aportados por la parte demandante, solicitante de la medida, prueba o indicios de que la parte demandada esté llevado a cabo actos que puedan afectar el cumplimiento de la eventual sentencia que se profiera.

Ahora bien, con base en la finalidad para la que fue creada esta herramienta procesal, es válido cuestionar si una decisión de este talante se adecúa o adapta a la esencia de las medidas cautelares.

El valor jurídico de las medidas cautelares podría incluso desaparecer si se aceptara aquella teoría, según la cual, es necesario esperar a que se produzca algún tipo de afectación negativa sobre el derecho que se pretende proteger con la medida, como condición sine qua non para su decreto. Se reitera que esta es una herramienta procesal que está diseñada precisamente para prevenir cualquier actuación que pueda poner en riesgo la ejecución de la sentencia.

La justificación teleológica de las medidas cautelares se encuentra en que “quien acude a la administración de justicia, en el desarrollo del proceso pueda conservar una situación similar a la que existía al tiempo de demandar para que en la sentencia se le restablezcan sus derechos” (2). Lograr este fin depende, precisamente, de prevenir posibles actuaciones de la contraparte destinadas a entorpecer un posible fallo a favor de la parte demandante y no esperar a que estas ocurran, pudiendo menoscabar la garantía que el ordenamiento jurídico ofrece a los demandantes en los procesos judiciales.

Sobre las medidas cautelares también vale resaltar que estas deben ser razonables y proporcionales. Este es el estudio principal que los jueces de la República realizan en el momento de decretar o no una medida solicitada. En efecto, lo solicitado debe estar dirigido a proteger concretamente el objeto sobre el que recaerá la sentencia y no debe significar una carga desproporcionada para el demandado ni afectar sus derechos. Sin embargo, debido a los potenciales daños que pueda llegar a sufrir el demandado, en caso de que las medidas decretadas terminen siendo excesivas, siempre existirá la posibilidad de que el demandado solicite el decreto de una caución para que se levante la medida cautelar ordenada.

Cabe precisar que la caución puede consistir en una garantía real, bancaria o representada en una póliza de seguro, en dinero, títulos de deuda pública, certificados de depósito a término o títulos similares constituidos en instituciones financieras que el demandado debe constituir. El monto y el tipo de caución será señalado por el juez.


(1) Diccionario de la RAE

(2) Forero, J. (2014) Medidas Cautelares en el Código General del Proceso. (págs. 1 y 2). Bogotá. Editorial Temis.

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NOTA: Este artículo está destinado a proveer información general e ilustrativa con relación a las materias en ella comprendida. Ni constituye ni puede ser interpretado como una asesoría legal particular. No recomendamos actuar o tomar decisiones con base en su solo contenido, sin consultar previamente a un especialista.